Source: FloridaPolitics.com
Un proyecto de ley que busca combatir la navegación peligrosa llega al pleno de la Cámara de Representantes tras superar con éxito su tercera y última etapa en comisiones.
El Comité Judicial de la Cámara abordó la legislación (HB289), con una votación de 20 a 0 para que la medida se traslade al pleno.
La legislación, denominada «Ley de Lucy», debe su nombre a Luciana Fernández, de 17 años, quien falleció en un accidente náutico en septiembre de 2022 que dejó heridos a otros pasajeros, entre ellos Katerina Puig, de 18 años, quien ahora tiene una discapacidad permanente.
George Pino enfrenta cargos de homicidio tras operar una embarcación, en la que Fernández, Puig y otros viajaban, cuando esta impactó violentamente contra una baliza de canal. Puig se negó a someterse a una prueba de alcoholemia en ese momento.
«La Ley de Lucy está diseñada para que las vías fluviales de Florida sean más seguras para todos», declaró la representante Vanessa Oliver, promotora del proyecto de ley. Aumenta la seguridad de los navegantes al exigir a quienes operen una embarcación y no hayan residido en Florida durante cinco años que obtengan una tarjeta de seguridad para navegantes o equivalente.
Además de los requisitos de la tarjeta de seguridad, el proyecto de ley también aumenta las sanciones para ciertos accidentes náuticos.
Según la legislación, si alguien abandona el lugar de un accidente donde alguien resulta herido, pero no se trata de una lesión corporal grave, la fiscalía estaría autorizada a imputar a la persona por un delito grave de tercer grado. En caso de lesión corporal grave, la pena permitida aumentaría de un delito grave de tercer grado a un delito grave de segundo grado. Dichos accidentes con resultado de muerte se castigarían como delitos graves de primer grado.
El proyecto de ley de la Cámara también establecería un mínimo obligatorio de cuatro años de prisión para cualquier persona involucrada en un accidente mortal que abandone el lugar de los hechos o no notifique a las autoridades.
El proyecto de ley establece sanciones similares para los accidentes en los que una persona opere una embarcación de forma imprudente, pero no incluye el mínimo obligatorio.
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